En la Cámara de Diputados se encendió una alerta política. Frente a la presidenta del recinto, Kenia López Rabadán, un grupo de exmagistrados, académicos, activistas y exdirigentes partidistas agrupados en el llamado Frente Amplio Democrático pidió algo muy concreto: que cualquier reforma político-electoral se discuta en un Parlamento Abierto y no se apruebe en automático por mayoría.
El mensaje fue directo. Sus integrantes advirtieron que hay señales preocupantes alrededor de la reforma anunciada por el Ejecutivo federal. Les inquieta que se puedan tocar temas sensibles como la estructura del INE, los organismos electorales locales, el padrón electoral, la justicia electoral o la representación proporcional en la Cámara de Diputados. En términos simples: temen que se cambien las reglas del juego sin suficiente consenso.
Para entender la dimensión del debate hay que aterrizarlo. Las reglas electorales no son un asunto técnico lejano; determinan cómo se traduce el voto en poder político. Si se reducen plurinominales, cambia la representación de las minorías. Si se recorta presupuesto a partidos o autoridades electorales, se modifica la competencia. Si se ajustan facultades del árbitro, se altera el equilibrio entre gobierno y oposición.
El Frente sostiene que México pasó décadas construyendo un sistema electoral más confiable, después de episodios de desconfianza y conflictos poselectorales. Por eso, dicen, cualquier cambio debe discutirse con especialistas, partidos, autoridades y ciudadanía. El Parlamento Abierto, explicaron, sería el mecanismo para garantizar foros públicos, deliberación técnica y transparencia en el proceso legislativo.
También hubo un mensaje político de fondo: señalaron que el Congreso no debe limitarse a acompañar la voluntad del Ejecutivo, sino actuar como un poder autónomo que escucha a la sociedad. En otras palabras, que la mayoría no sustituya al consenso cuando se trata de las reglas democráticas.
López Rabadán respondió en tono institucional. Aseguró que la Cámara es un espacio plural y que las puertas están abiertas para la ciudadanía. Se comprometió a que, una vez que llegue formalmente la iniciativa de reforma electoral, enviará la solicitud de Parlamento Abierto a las comisiones correspondientes, que son las que definen el método de análisis y dictaminación.
El punto clave es que la iniciativa aún no se presenta. Pero el terreno ya se está preparando. En política, muchas veces el debate empieza antes de que el documento llegue al pleno. Y aquí lo que está en juego no es una ley secundaria más, sino las reglas bajo las cuales se competirá por el poder en los próximos años.
La discusión apenas arranca. De un lado, quienes advierten riesgos de retroceso democrático. Del otro, un Congreso con mayoría que tendrá la última palabra. Entre ambos, la pregunta central: ¿se puede reformar el sistema electoral sin fracturar la confianza en la democracia?